Como las maniobras planeadas para borrar testimonios incriminatorios, la ahora Sra. Cristina Fernández de Kirchner estrena una firma y pié de pagina en los documentos oficiales en lo que no consta su condición anterior de Doctora en Abogacía de la que gustaba presumir.Vana pretensión que más temprano que tarde la va a conducir a una demanda penal, de lo que difícilmente saldrá inocente si los jueces son honestos y no son presionados por el ejecutivo.Interesante aporte que vuelve a hacer Christian Sanz, tal vez el periodista que más conoce y quien más ha hecho para sacarle la máscara a la presidenta, que ahora aparece tal cual es.
Oyarbide enfrenta serios cuestionamientos por su desempeño profesional, al alinearse al poder de turno en una reciente causa judicial. Sin embargo, hay varias anécdotas que evidencian esa misma conducta por parte del juez en el pasado. Una de ellas, referida a la presidenta Cristina Kirchner. Imperdible.
En las últimas horas, han recrudecido los cuestionamientos al juez Federal Norberto Oyarbide por haber sobreseído al matrimonio Kirchner en el marco de uno de los tantos expedientes por enriquecimiento ilícito que enfrenta la pareja gubernamental. Es que, a la hora de emitir su fallo, el magistrado se basó en un peritaje efectuado por el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia que contiene serias omisiones y contradicciones.
Así al menos lo refirió el ex perito de la Corte Suprema, Alfredo Popritkin, en un revelador debate ante el Consejo de la Magistratura, donde aportó datos puntuales sobre las irregularidades en las que habría incurrido Oyarbide.
A fuerza de ser sincero, hay que admitir que no es la primera vez que Oyarbide se comporta de esa manera. En el año 2007, ocurrió un hecho similar, en el marco de una denuncia judicial efectuada por quien escribe estas líneas contra la actual presidenta Cristina Kirchner —entonces primera dama— por “usurpación de títulos y honores”, ya que nunca se habría recibido de abogada, como gusta asegurar.
A pesar de la evidencia presentada por este cronista en el expediente de marras, el magistrado cerró la causa judicial basándose en una mera carta de puño y letra del rector de la Universidad Nacional de la Plata, Gustavo Aspiazu. Lo peor es que Oyarbide no permitió que este periodista se presentara como querellante y eso truncó la eventual apelación ante la Cámara respectiva.
Mal que le pese al magistrado, los indicios que hacían dudar acerca de la titulación de la mandataria, son más que elocuentes y merecían una profusa indagación judicial. A continuación, un recorrido por los más importantes:
1-En la página del Senado de la Nación, Cristina aparecía como que había “cursado” estudios de abogacía, pero nunca dice que se ha recibido y menos aún en qué año. Luego de la denuncia de este periodista, la página fue borrada.
2- Analizada la ficha de entrega del título de la Presidenta, la fecha de nacimiento está claramente escrita sobre otra anterior (19 de Febrero de 1953 es la fecha de nacimiento de CK pero abajo se ve borroneado un 10 de Agosto de 1989) y la matrícula —que corresponde al DNI— está tipeada sobre otro número.
3-Cristina no está inscripta en el colegio público de Abogados de la Capital Federal ni en ningún Colegio de Abogados del país. En Río Gallegos, si bien no existe Colegio de Abogados, debería haberse inscripto en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual no ha hecho jamás.
4-Para despertar más sospechas, tampoco está inscripta como abogada responsablemente "autónoma" ni como "monotributista", por lo que jamás pudo haber facturado en la profesión. Es más, en ninguna causa tramitada en la Ciudad de Río Gallegos aparece como letrada.
5-A pesar de la profunda búsqueda, este periodista jamás pudo encontrar a ningún compañero de graduación de la primera mandataria y menos aún testimonio alguno que certificara sus años de estudio después del tercer año de "cursada".
Independientemente de las dudas generadas en torno a la falta de título de abogada por parte de la Presidenta, está claro que Oyarbide tiene un patrón de conducta que siempre es idéntico cuando se trata de analizar expedientes que comprometen a funcionarios públicos.
Diferente es cuando se refiere a personas con irrelevante poder político, como puede ser un periodista. En el caso de quien escribe estas líneas, Oyarbide siempre lo ha condenado por los delitos de “calumnias” e “injurias” en expedientes iniciados por poderosos funcionarios públicos, aún cuando la evidencia presentada por este cronista ha sido mucho más concluyente que el informe de los peritos de la Corte Suprema o la misiva del rector de la Universidad de La Plata.
Eso demuestra que no hay coherencia alguna en la actuación del juez, sólo alineamiento al gobierno que esté de turno, sea el menemismo, el delarruismo o el kirchnerismo.
Es ahí cuando uno agradece que existan órganos tales como la Cámara Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la verdad no puede manipularse y uno termina siempre sobreseído.
No es poco.
Christian Sanz
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